Resumen de la intervención de Pedro Arrojo, Relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, durante la 80 sesión de la Asamblea General.
Su intervención clara y concreta expone en 7 minutos las prioridades de la gobernanza democrática del agua desde los principios de la ética y el bien común como un Derecho Humano sin animo de lucro, que exige una gestión trasparente, una rendición de cuentas de forma permanente y abierta a una participación social constante y cualificada, frente a entender el agua como un simple capital económico objeto de transacción. Debe garantizarse todo el agua necesaria para garantizar la salud de las personas y una vida digna para las familias, que implique su tratamiento integrado con los ecosistemas donde está asociado, como único camino para garantizar la sostenibilidad, tanto cualitativa como cuantitativa. Pedro ha defendido las 4 categorías esenciales del agua para reconocer el agua y los ecosistemas acuáticos como bienes y patrimonios comunes de dominio público basados en los derechos humanos sin ánimo de lucro:
AGUA – VIDA: El agua potable para una vida digna basada en los Derechos Humanos, desde los principios de la responsabilidad y la igualdad. El agua para garantizar el derecho humano a la alimentación sana. Los caudales para garantizar ríos y acuíferos sanos. Transitar desde entender el agua como simples canales de reparto o almacenes de agua a una visión de los ecosistemas sociales como patrimonios naturales comunes.
AGUA PARA EL BIEN COMUN: Principio de Responsabilidad comunitaria en un doble sentido de ida y vuelta. Un orden tarifario que permita cubrir los costes sin dejar a nadie atrás, con un sistema de costes crecientes sin dejar a nadie atrás y en dos tramos: uno básico que garantice el acceso al agua de la población y gratuito para los que viven en pobreza, y otro de costes crecientes que cubra los costes generales sin ánimo de lucro y penalizar los elevados consumos. El servicio público de la gobernanza del agua debe priorizar dar un servicio universal, penalizando el consumo excesivo y el derroche de las pérdidas de agua asumidas como un hecho cierto.
AGUA – ECONOMIA: Las actividades económicas relacionadas con el agua deben garantizar la defensa del bien común, generar calidad de vida y minimizar la huella ecológica. Las habituales propuestas de gobernanza de muchas administraciones siguen basadas en estrategias económicas de mercantilización y financiación del agua, de forma que muchas veces entran en contradicción con la aplicación de los Derechos Humanos. Las estrategias de partenariado con intervención público-privado basándose en la poca eficiencia de lo público siguen atrayendo a la clase política, basándose en justificar que las administraciones públicas no pueden afrontar los desafíos tecnológicos de las ingentes inversiones, en megaproyectos muchas veces, pero protegiendo excesivamente a las empresas privadas de todo riesgo, o promoviendo subidas tarifarias que garanticen atractivos beneficios para las corporaciones inversoras. No hay capacidad publica de financiación del agua ¿. ¿No se asignan suficientes inversiones en defensa del bien común y los derechos humanos?, cuando está demostrado que para las estrategias militares de defensa que se nos está imponiendo los presupuestos llegan inmediatamente que son requeridos.
AGUA – DELITO: Hay que evitar todas aquellas actividades productivas que generan malas prácticas y vertidos tóxicos que terminan envenenando los ecosistemas acuáticos, con el único objetivo de enriquecer a unas pocas empresas que basan su negocio en el sacrificio de los territorios con elevado capital natural, que con la excusa del desarrollo económico cortoplacista. Actividades que deben prohibirse por muy rentables que sean. El comportamiento irresponsable de las administraciones del agua en el caso de la mina de Aznalcollar o Cobre las Cruces en el rio Guadalquivir resulta un buen ejemplo del Agua-Delito, donde la biodiversidad del estuario languidece a 120 kilómetros, decreciendo el ecosistema clave de la pesca tradicional desde se intensifico la productividad minera desaforada, acrecentada por el dragado de profundización encubierto que sigue realizando la Autoridad Portuaria de Sevilla, sin trasparencia y sin rendición de cuentas desde hace más de 30 años.