El objetivo de la XII Fiesta Andaluza del Agua (Priego de Córdoba 22-24 de marzo 2019) ha sido contribuir a la construcción de la nueva mayoría social, ambiental, ciudadana, sindical y agraria capaz de cambiar las políticas hidráulicas agotadas y de impulsar la transición hidrológica en el marco de la transición ecológica general que los cambios globales (económicos, energéticos, climáticos y laborales) están imponiendo.
El cambio de gobierno en Andalucía y sus primeras intenciones en política de aguas dibujan un escenario de gran incertidumbre. Los partidos que ya gobiernan la región han vuelto a poner sobre la mesa ideas y proyectos de la vieja política de aguas: nuevas infraestructuras hidráulicas, trasvases y planes de limpieza de arroyos para hacer frente a inundaciones, entre otras medidas. Estos planteamientos chocan con el contexto actual de degradación de ríos, arroyos, humedales, estuarios, aguas costeras, acuíferos y de los servicios ecosistémicos asociados, agravado por los efectos del cambio climático. La situación de deterioro de los ecosistemas y los recursos hídricos y la urgencia en la adaptación al cambio climático exigen abordar el reto de la transición hidrológica, que deberá ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de las organizaciones sociales progresistas. El escenario de grave preocupación que ha señalado el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático para 2030 no admite dilaciones.
La aplicación del Derecho Humano al Agua y la defensa de la gestión pública del agua, que han sido ejes fundamentales de la movilización social en Andalucía en la última década para hacer frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos, son también cuestiones claves para seguir promoviendo modelos avanzados de gestión del agua en nuestros pueblos y ciudades. En este proceso, la Declaración de Cádiz de noviembre de 2017 evidenció el compromiso de varios operadores públicos por el cambio de modelo de gestión en unas jornadas impulsadas por las mismas organizadas que estamos hoy en Priego. En este mismo sentido, el borrador del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía ha incorporado, fruto del trabajo de varias organizaciones sociales, importantes avances en esta materia y ha servido para ampliar y articular un discurso social y ecointegrador del Derecho Humano al Agua. Aunque el reglamento no se ha aprobado en la pasada legislatura, y en la nueva haya dudas razonables sobre su aprobación, este trabajo es ya un referente que debemos seguir defendiendo en pro de la gestión pública como mejor garante del derecho humano.
Desde el punto de vista de la cohesión social y territorial es necesario atender de manera solidaria a los territorios en los que continúan los procesos de despoblación y empobrecimiento, agudizados por el cambio climático. Zonas de sierra y cabeceras hidrográficas en ocasiones esenciales para la cantidad y calidad de las aguas, que todos necesitamos y usamos. La conservación y gestión sostenible de estos territorios es esencial, y no puede someterse a criterios mercantilistas ni mucho menos debe amenazarse con el desarrollo de negocios agro-ganaderos esquilmadores.
Es necesario abrir un profundo debate sobre el regadío que incluya el apoyo a la pequeña y mediana explotación que contribuye al equilibrio territorial, la denuncia de los procesos de crecimiento abusivos y especulativos, el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería de baja huella hídrica, la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral, las tarifas volumétricas y la aplicación de instrumentos de bancos públicos de agua.
Es necesario también establecer criterios de cohesión y justicia territorial en relación con las políticas de recuperación de costes en los sistemas del ciclo urbano del agua, incluidos los niveles de eficiencia y los sistemas de depuración de aguas residuales que arrastran importante déficits en Andalucía y que requieren una atención prioritaria.
En estos momentos, tenemos que afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027). Los documentos iniciales de las demarcaciones andaluzas ya están en información pública y las aportaciones de los colectivos y organizaciones implicados en la defensa del agua es fundamental para garantizar el “control social” de los planes hidrológicos. Además, este proceso coincide con la revisión de la Directiva Marco del Agua, que está en pleno debate y discusión entre defensores de esta norma y un grupo de Estados y sectores con intereses que piden una rebaja de los niveles de exigencia de la DMA.
En el contexto de sobreexplotacón y deterioro de las masas de agua en el que nos encontramos, es indispensable la prohibición de los permisos de prospección y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fracturación hidráulica debido al volumen de agua que requieren y al alto riesgo de grave contaminación que implica.
Es necesario que las fuerzas políticas no solo incorporen las adecuadas propuestas a sus programas, sino que además tengan la voluntad real de ponerlas en práctica eficazmente, de forma transparente y con mecanismos válidos de participación pro- activa de la sociedad. Es necesario también desarrollar una pedagogía social efectiva para facilitar la transición hidrológica ya que se trata de una transformación de modelos de pensamiento, para el que el cambio de la educación ciudadana y escolar son básicas.
2018 fue el año del Acuerdo social por los ríos y la gestión pública del agua suscrito por más de 150 entidades, en toda España. En Andalucía elaboramos las alegaciones conjuntas al Plan de Sequías del Guadalquivir por parte de organizaciones ambientales, consumidores y usuarios, sindicatos y organizaciones agrarias (un hito en los movimientos sociales andaluces relacionados con el agua) y las aportaciones colaborativas de esos mismos colectivos al Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Andalucía (otro gran hito). Esto nos debe servir de base para seguir ampliando y fortaleciendo los lazos entre organizaciones de la sociedad civil que tenemos, ahora más que nunca, el reto de seguir planteando alternativas a las políticas del agua que garanticen la protección de los ecosistemas, la gestión pública, la participación, la solidaridad y la justicia ambiental.
Estos retos son solo algunos de los que tenemos que abordar durante 2019, para lo que contamos con la experiencia de muchos años de organización y movilización social y la implicación de organizaciones sociales y de personas a título individual desde el mundo académico, técnico y la sociedad en general.
Priego de Córdoba, 24 marzo de 2019
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